La reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas en México ha levantado alarmas no solo en el sector agrícola, sino también en ciudades como Tijuana. Esta urbe, que depende en gran medida de los recursos del Distrito de Riego 014 de Mexicali, se enfrenta a cambios que podrían afectar su ya limitada disponibilidad de agua.
Tijuana consume aproximadamente 140 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que tiene una asignación directa de apenas 80 millones del Río Colorado. Esta discrepancia significa que la ciudad debe adquirir casi la mitad de su consumo total a agricultores del Valle de Mexicali, quienes han podido transferir parte de su cuota gracias al Distrito de Riego 014.
El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro, explica la situación actual:
“Es agua que se recibe pero cuando se recibe ustedes saben es agua que no está regularizada y la regularización o la legalización es a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”
Sin embargo, esta “regularización” se encuentra amenazada por la nueva Ley de Aguas, la cual impone restricciones o incluso prohíbe la venta y cesión privada de derechos de agua. Esta práctica ha sido esencial para que Tijuana logre balancear su déficit hídrico en el pasado.
Desde el gobierno, se presenta esta reforma como un mecanismo destinado a priorizar el acceso al agua para las grandes ciudades y mejorar la sostenibilidad del sistema hidráulico.
García Castro enfatiza:
“Estas modificaciones a la ley federal es para apoyar a las grandes ciudades y a las grandes necesidades que se viven en esta ciudad que son semidesérticas, por lo pronto no tenemos agua, digo agua propia.”
Aunque la ley teóricamente favorece a Tijuana, que ya carece de fuentes locales suficientes, la implementación de estos cambios sigue siendo incierta. La ciudad ahora depende de un mecanismo que la nueva legislación podría volver obsoleto.
La pregunta es urgente: si ya no es posible adquirir derechos de agua del Distrito de Riego 014, ¿cómo atenderá Tijuana su demanda anual?
Mientras la incertidumbre persiste en las ciudades, la preocupación se siente en el campo. Los agricultores de la región advierten que estos cambios podrían restringir su acceso al agua o encarecerlo, impactando de manera negativa un sector que ya se encuentra vulnerable.
El productor de frutos rojos Luis Ernesto Guevara expresa lo que muchos sienten:
“Cuando llegó a San Quintín eran 20 mil hectáreas sembradas, 28 mil, y ahora debe haber arribita de 6 mil, y eso es por agua, exclusivamente por problemas de agua.”
La drástica reducción en la superficie cultivada ilustra el temor de que una regulación más estricta complique aún más las operaciones agrícolas en áreas ya afectadas por la escasez de agua.
El conflicto sobre el futuro del agua ha llevado a manifestaciones. En Mexicali, los productores agrícolas bloquearon la aduana como medida de presión, aunque acordaron levantar el bloqueo temporalmente mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.
Esta controversia refleja que no se trata solo de una disputa legal, sino de un cambio significativo en la relación entre el campo y la ciudad en una región donde el agua es un recurso escaso.
La nueva Ley de Aguas está reformulando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el desafío es titánico: asegurar un futuro hídrico sin la compra de derechos que ha sostenido a la ciudad durante décadas.
Al mismo tiempo, los agricultores enfrentan el mismo reto: garantizar un acceso adecuado al recurso que ya limita su producción.
El resultado de esta situación sigue siendo incierto, pero es evidente que esta reforma no solo transformará la gestión del agua, sino también la vida cotidiana de millones de personas en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
9 Dec, 2025
