Houston, Texas — El alguacil del condado de Webb, Martin Cuellar Jr., y su entonces asistente en jefe, Alejandro Gutiérrez, enfrentan serias acusaciones federales por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la Oficina del Sheriff del Condado de Webb (WCSO, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de COVID-19, según lo informado por el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Cuellar, de 67 años, y Gutiérrez, de 47, ambos residentes de Laredo, se entregaron voluntariamente a las autoridades y realizaron su primera comparecencia ante la jueza federal Christina Bryan en Houston.
Un gran jurado federal emitió el 19 de noviembre de 2025 una acusación formal que incluye cinco cargos, recientemente presentada al público. En este documento, se alega que entre 2020 y 2022, Cuellar y Gutiérrez conspiraron con otras personas para malversar fondos públicos y recursos de la oficina del sheriff.
Según la acusación, Cuellar, Gutiérrez y el entonces subdirector Ricardo Rodríguez utilizaron personal y equipo del condado para operar un negocio privado de desinfección en medio de la pandemia. Se sostiene que en abril de 2020 establecieron la empresa Disinfect Pro Master, la cual firmó contratos con negocios y restaurantes locales, a pesar de carecer de empleados y suministros propios.
Las autoridades federales han afirmado que los empleados de la oficina del sheriff estaban a cargo de las operaciones diarias desde las oficinas de WCSO, recolectando calendarios y equipo para llevar a cabo trabajos de desinfección, tanto durante horas laborales como fuera de estas, utilizando recursos del condado.
La acusación también indica que la empresa obtuvo un contrato valorado en aproximadamente 500 mil dólares para desinfectar las instalaciones del United Independent School District en Laredo, trabajos que aparentemente se realizaron principalmente con personal y recursos de la oficina del sheriff.
A lo largo de más de dos años, el negocio habría operado con costos reducidos, dado que casi todos los empleados y suministros provenían del condado. Como parte de las acusaciones, se ha alegado que Cuellar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron cerca de 175 mil dólares cada uno, equivalente a un tercio de las ganancias. Parte de este dinero, supuestamente, fue utilizado por Cuellar para la compra de una propiedad en Laredo.
En caso de ser declarados culpables, Cuellar y Gutiérrez podrían enfrentar hasta 10 años de prisión federal y multas de hasta 250 mil dólares. Además, Cuellar enfrenta un cargo adicional por lavado de dinero, lo que podría acarrear otros 10 años de cárcel y consecuencias económicas suplementarias.
Ricardo Rodríguez, de 65 años, ya se ha declarado culpable previamente y su audiencia de sentencia está programada para el 16 de marzo. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza.
La investigación fue realizada por el FBI en San Antonio y el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina del Inspector General, como parte de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción Fronteriza de Laredo. El caso cuenta con la supervisión de los fiscales federales Heather Winter y Robert Johnson.
Fuente original: Noticias Laredo
Por Cecilia Castaneda
22 Jan, 2026
