Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025
El sistema penitenciario de Colorado se encuentra bajo un escrutinio federal sin precedentes tras el anuncio de una investigación formal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Esta pesquisa tiene como objetivo determinar si las cárceles estatales y los centros juveniles de detención están vulnerando los derechos constitucionales de las personas bajo custodia. El examen, anunciado el lunes por la administración Trump, abarca múltiples temas, desde el uso excesivo de la fuerza hasta la atención médica, la nutrición y las políticas relacionadas con personas transgénero encarceladas.
La investigación se centra en el Colorado Department of Corrections (DOC) y la Division of Youth Services (DYS), entidades responsables de supervisar a adultos encarcelados y jóvenes en detención. En una carta dirigida al gobernador Jared Polis, el DOJ especificó que su investigación busca evaluar las “políticas y prácticas” de ambas agencias para determinar si cumplen con la Constitución y las leyes federales.
Derechos humanos en el foco de atención
“La Constitución protege a cada americano, ya sea un joven confinado en una instalación juvenil o una persona mayor en prisión”, declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en un comunicado oficial. El DOJ enfatizó su misión de asegurar que ninguna persona sufra “malos tratos inconstitucionales” mientras se encuentre bajo custodia estatal.
El centro de la investigación se concentrará en tres áreas clave dentro de las 21 prisiones del DOC:
• Adecuación de la atención médica.
• Condiciones seguras, higiénicas y sanitarias.
• Prácticas relacionadas con la separación y protección de personas transgénero.
El departamento también examinará si Colorado está fallando en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y si está proporcionando una nutrición adecuada a los jóvenes detenidos.
Política de alojamiento de personas trans bajo escrutinio
La administración Trump también dirigirá su atención a la política estatal que regula el alojamiento de personas transgénero dentro de las cárceles. Según la carta enviada a Polis, uno de los objetivos es determinar si el DOC “viola el derecho a la libre práctica de la religión de prisioneros y detenidos al albergar a hombres biológicos en unidades designadas para mujeres”.
Esta línea de investigación se desarrolla en un contexto político donde el presidente Trump ha intensificado sus críticas contra políticas consideradas “inclusivas” en estados demócratas. Hasta el momento, Colorado no ha emitido una respuesta oficial; un portavoz de Polis no estuvo disponible para realizar comentarios.
Contexto político: el caso de Tina Peters
El anuncio del DOJ coincidió con la negativa por parte de autoridades de Colorado a la solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, de una prisión estatal a un penal federal. Peters cumple una condena de nueve años por delitos relacionados con elecciones.
A pesar de que una corte federal también rechazó su petición más reciente, el presidente Trump ha presionado públicamente para su liberación y llamó al gobernador Polis un “sleazebag” tras la negativa estatal de permitir el traslado. Un funcionario del DOJ declaró que están trabajando para liberar a Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona directamente.
Denuncias previas y condiciones documentadas
La investigación federal sigue a múltiples reportes sobre problemas graves en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres denunciaron al Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso de manera alarmante en el Youthful Offender System de Pueblo debido a la falta de alimentos. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue hospitalizado por falla renal asociada a la malnutrición, según su familia.
El clamor público obligó al estado a modificar políticas internas sobre la compra y el acceso a alimentos.
Un reportaje de marzo reveló informes críticos internos que documentan:
• Acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal.
• Lesiones graves sufridas por adolescentes durante restricciones físicas.
• Ingreso de drogas ilícitas en instalaciones seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes bajo custodia.
La situación alcanzó un punto crítico en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Lookout Mountain Youth Services Center, ubicado en Golden, citando “condiciones de seguridad en deterioro”.
¿Qué podría venir?
La investigación federal podría resultar en acuerdos obligatorios, cambios operativos extensos o intervenciones supervisadas por tribunales. También podría influir en debates legislativos relacionados con reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en cárceles y regulación del alojamiento de personas transgénero.
A medida que Colorado sigue procesando los hallazgos de informes periodísticos y testimonios de familias, el anuncio del DOJ representa un posible punto de inflexión para dos sistemas que han enfrentado críticas prolongadas sobre su capacidad para proteger a quienes están bajo su custodia.
La evolución del caso será observada cuidadosamente tanto por defensores de derechos civiles como por autoridades estatales que deberán responder a un escrutinio federal que podría reconfigurar profundamente la operación de prisiones y instalaciones juveniles en Colorado.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
9 Dec, 2025
